2014-02-04

No para indios

Fernando Escalante Gonzalbo
 
En marzo pasado un tribunal de Mumbai autorizó a la compañía india Natco Pharma Ltd. a producir y comercializar como genérico el principio activo de Nexavar, de Bayer. Los abogados de Bayer de inmediato presentaron un recurso para impedirlo —propiedad intelectual. El tribunal superior de Mumbai desestimó sus argumentos, y confirmó el fallo.

Nexavar es un fármaco que se emplea contra el cáncer de mama, eficaz también para combatir el cáncer de riñón y de hígado. En la India, el tratamiento con la etiqueta deBayer cuesta 96,000 dólares al año, por paciente. Natco ofrece el mismo tratamiento por unos 2,000 dólares al año. Parece una enormidad, es un asunto casi de rutina. La reacción del director ejecutivo, Marjin Dekkers, puso el asunto en las primeras planas. Furioso, en una entrevista para Bloomberg Businessweek , dijo que la decisión del tribunal era “sencillamente un robo”, y remachó: “Nosotros no creamos este medicamento para los indios, sino para los pacientes occidentales que pueden pagarlo”.

Seguramente era lo que estaba en el pizarrón cuando en la sala de juntas jugaron al juego de Misión, Visión y Valores. Pero queda feo, y la India es un mercado de mil doscientos millones de personas —que no es tan irrelevante a fin de cuentas. Salió por eso el señor Dekkers a disculparse sin disculparse del todo. Dijo que lamentaba que su expresión “hubiese salido a la luz” de una manera que él no pretendía, y después puso el disco: “como compañía queremos mejorar la salud y calidad de vida de las personas, independientemente de su origen o ingresos”. Es indudable, los ingresos sólo importan para pagar las medicinas, Bayer tiene la mejor voluntad de venderlas a quien sea. A continuación, la amenaza que es ya habitual: si no se protege la propiedad intelectual, es decir, si no les permiten cobrar lo que quieran, no habrá investigación, no habrá nuevos medicamentos, y “sin nuevos medicamentos, tanto las personas de los países en desarrollo como las de otros más prósperos sufrirán”. Si suena a extorsión es porque es una forma de extorsión.

Las farmacéuticas suelen argumentar que necesitan poner esos precios de escándalo a los nuevos medicamentos porque tienen que pagar por la investigación para desarrollarlos; por eso, la interferencia de los gobiernos para controlar los precios amenaza la innovación. Puesto así, parece razonable —es un problema de proporciones. Veamos. Las empresas estimaron hace algunos años que el costo de investigación para cada medicamento nuevo era de 802 millones de dólares. El fundamento era un único artículo de la Universidad de Tufts, financiado por las compañías farmacéuticas, a partir de información confidencial suministrada por ellas mismas. Quienes han tratado de verificar la cifra a partir de información pública no suman más de 200 millones, sin contar con que el gasto en investigación es deducible de impuestos.

Pero hay otros problemas. Las empresas suelen incluir en el rubro de Investigación y Desarrollo gastos que son en realidad de mercadotecnia. Aparte de eso, hasta un 25 por ciento de las pruebas clínicas que realizan son estudios de Fase IV, es decir, estudios sobre medicamentos que ya están en el mercado: para buscar nuevos usos posibles, para inducir a los médicos a recetarlos mediante fingidos estudios de control, o para imaginar modificaciones que permitan renovar la patente para un medicamento “mejorado”. Publicaciones, seminarios, programas de televisión, las farmacéuticas disfrazan su publicidad como investigación —sobre todo con análisis clínicos propios, prácticamente sin reglas. O sea, que no sabemos cuánto cuesta en realidad la investigación para ofrecer un nuevo medicamento.

Algo más. Toda la investigación básica, que sirve de base para el desarrollo de las medicinas, se hace en instituciones públicas, en laboratorios públicos, o en universidades, con financiamiento público. La ventolera neoliberal de las últimas décadas, con el empeño de que el conocimiento acredite su utilidad mediante vínculos con el “sector productivo”, insta a los investigadores a que vendan sus patentes a las grandes empresas —con el resultado de que todo es en apariencia privado. Y no. Algunos casos son escandalosos, como la investigación sobre el SIDA, o sobre los usos del Taxol para combatir el cáncer, estudiado durante décadas en centros públicos —y patentado por Bristol-Meyer Squibbs. Además, empiezan a patentarse productos del conocimiento, de la investigación biomédica más elemental: el efecto de determinadas proteínas, la función de alguno de los genes, todo lo que antes hubiese sido patrimonio de la humanidad es ya patentable, y está patentado. Y están los casos de fraude descarado, medicamentos inútiles, pero ésa es otra historia.

Tenemos que ajustar la lente para mirar a las farmacéuticas —no son empresas como otras cualesquiera, no son centros de investigación. El eje de su operación es el mecanismo por el cual pueden parasitar conocimiento generado mediante recursos públicos, de numerosos países, patentarlo, y venderlo de nuevo los sistemas de salud pública. Algo no cuadra del todo.