NOTA: Publicado por Jorge Fernández Menéndez, un EXCELENTE analista político.
Las elecciones del domingo primero de julio costarán, sólo en términos presupuestales, es decir entre lo que gastan las autoridades para organizarlas y lo que se le entrega a los partidos para que hagan campaña, unos 10 mil millones de pesos. En realidad es mucho más: habría, por ejemplo, que contabilizar los miles de millones de pesos que implica el regalo de millones de spots de radio y televisión a los mismos partidos y candidatos (y a las distintas autoridades electorales); los franqueos gratis de correo; las colaboraciones privadas, reconocidas o no y que pueden ser millonarias, y muchos otros capítulos que se involucran en uno de los procesos electorales más caros del mundo.
Se ha dicho, en parte con razón, que el costo tan alto de la democracia es equivalente a la desconfianza en el sistema. Y es verdad en parte porque la desconfianza en el sistema la propician los mismos que crearon, administran y utilizan ese sistema electoral que son los partidos políticos. La verdad es que nuestro sistema electoral es muy confiable: se pueden cometer errores, hay cosas que podrían estar mejor hechas y problemas mejor resueltos, pero la mayoría de los problemas los han generado los partidos complejizando un sistema electoral con tantos candados y tan sofisticado que, paradójicamente, al ser tan poco flexible, permite realizar con mayor facilidad las acusaciones de que se ha hecho trampa. El hecho es que desde las elecciones de 1994 hasta hoy, no se ha hecho trampa en las elecciones, mucho menos se ha cometido un fraude electoral.
Puede ser muy atractivo para López Obrador esgrimirlo desde el 2006 hasta la fecha, pero en ese año no hubo fraude: las cifras del conteo rápido, del PREP y de la votación final dieron prácticamente el mismo resultado. Se abrieron casi un tercio de los paquetes electorales, todos en los que había dudas, y el resultado se confirmó. Y el hecho es que López Obrador perdió por medio punto, mientras que Angela Merkel ganó su primera elección como primera ministra de Alemania por unos dos mil votos y nadie protestó; Al Gore ganó la elección de diciembre del 99 en Estados Unidos pero terminó perdiendo la presidencia en una proceso mil veces más confuso y cuestionado que el mexicano y no se está cortando las venas desde entonces o denunciando el supuesto fraude. En las democracias se gana o se pierde.
Pero además, argumentar la existencia de un real o presunto fraude en un proceso en el que cada candidato tendrá por lo menos cien mil representantes de casilla (algunos muchos más, por la confluencia de distintos partidos); donde el IFE tendrá a millones de ciudadanos como funcionarios de casilla seleccionados en forma aleatoria; donde habrá miles de observadores nacionales y extranjeros y donde votarán por lo menos 60 millones de mexicanos, es una irresponsabilidad total. Se vota con credencial de elector, con padrones con fotos, con tinta indeleble.
Por eso mismo resulta tan incomprensible que a una semana de las elecciones, los consejeros del IFE y los principales centros empresariales del país tengan que solicitarle a los candidatos que firmen un acuerdo o pacto de civilidad en el que especifiquen que van a respetar los resultados electorales. En realidad lo que están haciendo es pedirle a López Obrador que los respete si no gana y que no se repita el vergonzoso episodio del bloqueo de Reforma y el Centro Histórico o de aquella presidencia legítima hoy tan olvidada. Resulta extraño también que Andrés Manuel haya dicho una y otra vez que respetará los resultados, pero al mismo tiempo que pida que se evite el fraude en curso, o que asegure que sí aceptaría un pacto pero que él no lo firmaría sino algún representante suyo. Es una absoluta falta de seriedad con las instituciones, con los electores, con quienes participaran en el diseño y la organización de la jornada electoral. Con sus propios militantes y representantes de casilla.
En realidad, en una democracia no es necesario pacto alguno: ya están las leyes, las regulaciones, las normas, las instituciones, los observadores, los representantes para garantizar ese respeto a los resultados. Cada uno de los partidos y candidatos que se embolsan millones de pesos para participar tendrían que tener como principio desde el momento en que aceptan las leyes, las normas, las instituciones y los recursos, respetar esos resultados. No es nada ético participar en un proceso y esperar a que se conozcan los resultados para saber si se aceptan o no. Es como si usted necesitara firmar un pacto o un acuerdo con las autoridades para especificar que sí va a respetar las leyes.
Desde 1994 hasta la fecha en nuestro sistema electoral no ha habido fraudes, ni en el ámbito federal ni en la enorme mayoría de las elecciones locales. Haberlo logrado ha costado recursos enormes, esfuerzos políticos, públicos y privados, gigantescos, la participación de millones de personas. Nadie debería necesitar un pacto para respetar lo que la ley lo obliga a respetar.
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